El Ministerio de Transportes activa un comité de crisis ante el agravamiento de la huelga

Crece la preocupación en el Gobierno por las protestas del sector del Transporte. Hace ya varios días que Moncloa asumió que habían perdido el control de la calle aunque consideraban «una minoría» los transportistas que secundaban la huelga. La suma de algunas de las principales patronales, tras rechazar su propuesta, ha encendido todas las alarmas. Hasta el punto de que el ministerio de Transportes, Agenda Urbana y Movilidad, que dirige la catalana Raquel Sánchez Jiménez, se ha visto obligado a activar un comité de crisis que se ha reunido este mismo martes con varios dirigentes del departamento. Todos los escenarios están abiertos.

Bajo la supervisión de Sánchez Jiménez, la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera -que no está físicamente en la sede por enfermedad- y el jefe de gabinete de la ministra, Ricardo Mar, desde el ministerio monitorizan el día a día de las protestas para emitir los informes que se remiten al Palacio de La Moncloa. Con Pedro Sánchez como destinatario. No quiere sorpresas y ha pedido parar esto cuanto antes. Este martes, antes del Consejo de Ministros, ha hablado durante unos minutos con la ministra para analizar la situación. Los próximos días el jefe del Ejecutivo estará de viaje en Ceuta, Melilla y Bruselas. Desde allí, en permanente contacto con los responsables de Transportes, Agenda Urbana y Movilidad, y tras la recepción de los informes, decidirá las acciones gubernamentales a llevar a cabo.

El temor se ha instalado en el Gobierno tras la decisión de tres de las grandes patronales, Fenadismer, Fetransa y Feintra, de sumarse a la huelga que hace nueve días que dura. La protesta ha pasado a ser a ojos del Ejecutivo como una movilización residual de un sector minoritario a un paro en toda regla que puede poner en riesgo el abastecimiento de los suministros básicos. Con la decisión de estas tres patronales de parar su actividad de forma indefinida ante la falta de concreción de las ayudas del Ejecutivo. Esta decisión se suma al anuncio de los pequeños transportistas, rechazando la propuesta del Gobierno y prolongando la huelga que ya acumula más de una semana de forma indefinida.

Por ahora Moncloa se inclina por mantener como única propuesta la que realizó ayer y permitió un acuerdo con el Comité Nacional de Transportes, de la que se descolgaron algunos transportistas. En concreto Raquel Sánchez Jiménez planteó una bonificación para el pago de los carburantes de 500 millones de euros, con el fin de compensar el impacto que la subida del petróleo está ocasionando en los transportistas. La prolongación de la huelga y el efecto que pueda tener sobre el día a día del país será el único motivo que pueda obligar al Gobierno a modificar su postura. El Ejecutivo no descarta, incluso, la aplicación de un nuevo Estado de alarma para garantizar los suministros si fuera necesario.